Es ya bien sabido que la Unión Europea está negociando un Tratado de Libre Comercio e Inversión con Estados Unidos de América. Este Tratado, conocido como TTIP será, según afirman sus negociadores, el “acuerdo comercial más importante jamás negociado” y configurará el área de libre comercio más grande del mundo. Pero los objetivos de esta asociación transatlántica no se agotan aquí. Al contrario, el TTIP se orienta hacia metas mucho más ambiciosas, y bastante menos publicitadas, tanto en el plano económico como en el político.
En efecto, el Tratado que se está negociando pretende ir más allá de la mera eliminación de los aranceles respecto del comercio de mercancías entre las dos potencias. De hecho, la tasa media de los aranceles entre la UE y EEUU de los productos industriales está en ambas regiones sobre un 2,8% y en las importaciones agrícolas en un 3,9% y en un 2.6% en la UE y en USA, por lo que la posibilidad de que una mayor reducción de estos escasos aranceles produzca beneficios económicos es evidentemente baja. Los principales objetivos son por tanto otros, que sobrepasan con mucho la tradicional eliminación de las barreras arancelarias.
En primer lugar, el TTIP persigue la eliminación de las barreras no arancelarias al comercio y a la inversión. Por barrera no arancelaria (BNA) debemos entender tanto normas legales como procedimientos administrativos derivados de una decisión de un órgano de gobierno. Entre las BNA podemos situar elementos como las regulaciones sanitarias, de seguridad, medioambientales, laborales, las cuotas a la importación, diversas ayudas estatales, que sean consideradas como elementos que distorsionan las libertades de circulación económicas y la libre competencia entre las empresas. En segundo lugar, el TTIP incluye como uno de sus elementos fundamentales un mecanismo de “cooperación reguladora”. Derivando para otras entradas un desarrollo más elaborado de la cuestión, cabe señalar que el TTIP considera que estas “regulaciones”, en otras palabras, estas leyes o normas democráticamente adoptadas, pueden obstaculizar el comercio. En el caso de que esta obstaculización se produzca, el Tratado plantea un “mecanismo de cooperación reguladora” orientado a simplificar o armonizar, es decir, modificar, estas normas. También se indica como opción el principio de “reconocimiento mutuo” que implicaría la no aplicación de las normas imperantes en una de las partes del Tratado a los productos fabricados en la otra. Como puede observarse, se trata de un mecanismo y no una medida, es decir, de la configuración de un organismo “vivo” que funcionará usurpando la función normativa que antes recaía en otras instancias. El tercero de los pilares que dan forma al TTIP es el ISDS o sistema de arbitraje, un mecanismo que está elevando multitud de críticas. El objetivo del ISDS es proteger al inversor extranjero frente a una supuesta posible actuación irregular del poder judicial estatal. Para evitar posibles “abusos” se permite al inversor extranjero utilizar mecanismo de solución de controversias alternativos a los jueces, es decir, se le permite demandar al Estado en el que ha invertido ante un tribunal de arbitraje internacional en lugar de acudir a los jueces nacionales. Son muchas las voces que se están elevando contra el TTIP a ambos lados del Atlántico, señalándolo como un golpe a la soberanía de los Estados.
De manera paralela a estos objetivos, en cuarto lugar y en un plano ya geoestratégico, no puede dejar de señalarse que este “Tratado de Nueva Generación” pretende configurar un bloque internacional capaz de establecer, e imponer, los estándares comerciales internacionales a otras potencias emergentes.
Los objetivos anteriores, excepto el último aspecto geopolítico, venían claramente explicitados en documentos adoptados mucho antes del comienzo oficial de las negociaciones, que tuvo lugar en junio de 2013 con el mandato formal del Consejo a la Comisión Europea. Tras este momento, la negociación actual del TTIP se está desarrollando a través de diversas “rondas”, en las que las dos partes negociadoras plantean sus posturas y se evoluciona en las distintas concesiones. La delegación de la UE se conforma por 30 funcionarios de la Comisión Europea, cuyo jefe de negociación es un español, Ignacio García Becero y bajo la dirección de la Comisaria de Comercio, la sueca Cecilia Malmström, aunque quien comenzó las negociaciones fue su antecesor; la contraparte, Estados Unidos, negocia a través de una delegación de tamaño similar, vinculada a la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), con dependencia directa de la Casa Blanca. La conclusión de las negociaciones, previsto inicialmente para finales de 2015, no es predecible. Tanto la contestación popular como el surgimiento de nuevos obstáculos en ambos lados del Atlántico parecen apuntar a un alargamiento del proceso de la negociación.
Cabe señalar por último que desmontar el TTIP no era, hasta hace unos meses, una tarea fácil, puesto que el contenido, las posturas de cada parte y la evolución de la negociación se ha mantenido largo tiempo en secreto. Sin embargo, la Unión Europea no ha podido retrasar por más tiempo la publicitación de, al menos, parte del contenido de las negociaciones por dos motivos fundamentales: la movilización y crítica social creciente y el (pequeño) papel que el Parlamento Europeo va a tener en la aprobación del Tratado. Así, es posible ir siguiendo la evolución de la negociación, aun de manera parcial, a través de los documentos que va publicitando la Comisión. No obstante, para saber el contenido futuro del TTIP, es de mucha mayor utilidad analizar el CETA (Tratado UE-Canadá) cuya negociación ya ha acabado y que está en fase de aprobación. Será precisamente este tratado una de las bases fundamentales que, en las próximas entradas, utilizaremos para desgranar el contenido del TTIP, avisando que, como siempre en la Unión Europea, las cosas pueden ir a peor…