Ekaitz Cancela analiza para este blog la evolución de las negociaciones del TTIP y de uno de sus puntos más críticos, el ISDS o sistema de arbitraje. Como nos relata el autor, este mecanismo que está siendo mayoritariamente rechazado por la ciudadanía en diferentes consultas sigue siendo defendido por la Comisión Europea, ahora ya con el apoyo expreso del Comité de Comercio del Parlamento Europeo y los votos de los y las eurodiputadas de la derecha y la socialdemocracia. El PP y el PSOE se posicionan en la UE, una vez más, contra los derechos de las mayorías sociales
Este jueves, el Parlamento Europeo aprobó con los votos socialdemócratas un proyecto de informe de la Comisión que acepta entregarle el poder judicial al sector privado
El 97% de los ciudadanos europeos consultados por la propia Comisión Europea ha expresado su rechazo a los tribunales de arbitraje privados
España ha sido el país más demando en 2014 mediante estos mecanismos de solución de controversias entre Inversor-Estado en el que los abogados llegan a ganar 3.000 dólares al día
Desde hace semanas, en Europa, no ha cesado el debate en torno a uno de los puntos más polémicos del Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP) que negocian Estados Unidos y la Unión Europea, el ISDS. Mecanismo que concede a las multinacionales el derecho de llevar sus casos ante un tribunal de arbitraje privado y ad hoc, si considera que las medidas gubernamentales puedes perjudicar sus beneficios presentes e incluso futuros. Es lo que muchos ha acertado a definir como “privatizar la justicia”.
El Comité de Comercio del Parlamento Europeo votó el jueves un proyecto de informe de la Comisión que ha recibido más de 900 enmiendas. Entre los temas más controvertidos se encontraba la citada protección de inversiones (de multinacionales). A pesar de que la decisión de los eurodiputados no es vinculante, sí, marca una posición ante EEUU y a la UE. El sistema que permite a las corporaciones denunciar a los Estados cuando sus regulaciones les perjudiquen dividió y polarizó a la Eurocámara, pero finalmente fue aprobado con el respaldo del grupo de los socialdemócratas (PSOE). Un apoyo que ha sido visto como una “traición”, la supuesta línea roja de los socialistas con el TTIP era precisamente el ISDS, ya que ignora a los 150.000 ciudadanos consultados, de los cuales el 97% expresó su rechazo.
A principios de este mes, y ante la perdida de credibilidad entre la opinión pública, la Comisión Europea presentó su “nueva” posición sobre el ISDS (fuentes del organismo revelaron que el texto estaba ya redactado hace muchos meses, pero no se presentó por no dar tiempo al debate público). Este hecho ha provocado un fuerte rechazo en las organizaciones de la sociedad civil que operan Bruselas. El Seattle to Brussels Network, por ejemplo, definió la propuesta de la Comisión como “la propagación de una enfermedad en lugar de buscar su cura”.
El aspecto fundamental que se critica es que ignora lo más importante, que la necesidad de incluir este mecanismo en el TTIP es inexistente. “Las inversiones entre Estados Unidos y la Unión Europea han tenido lugar durante décadas y han crecido más de 3.000 billones de euros sin necesidad de establecer un sistema de arbitraje como el ISDS”. Por su lado, Estados Unidos, se opone a negociar ningún cambio en el mecanismo de solución de controversias entre Inversor y Estado planteado inicialmente, lo que junto con el rechazo en el Senado a los planes de Baraka Obama en relación a los acuerdos internacionales, está retrasando las negociaciones sobre el TTIP.
Por su lado, diferentes organizaciones ha iniciado una ciber-acción, a través de la cual se están enviando cartas a las/os eurodiputadas/os demandando votar en contra de cualquier informe que no rechace el ISDS. Gracias a la participación de 22.000 personas, 48 diputadas/os ya han declarado que votarán en contra.
Las denuncias sobre los efectos del Tratado han llegado también a Naciones Unidas, quien ha pedido la suspensión de las conversaciones sobre el TTIP por temor de que se produzcan abusos contra los derechos humanos”. “La adopción de un sistema legal independiente que sólo beneficie a las multinacionales es una amenaza para los derechos humanos básicos”, dijo a The Guardian, Alfred de Zayas, abogado de la ONU en relación al citado ISDS. También intelectuales y expertos en arbitraje internacional de la talla de Gus Van Harten han encabezado un movimiento contrario a la inclusion del mecanismo de solución de controversias entre inversor-Estado.
¿Quién gana con la privatización de la justicia?
Como en la mayoría de procesos de externalización de servicios públicos, los Estados no suelen beneficiarse. Los costes de utilizar este mecanismo ascienden a 8 millones de dólares, y superan los 30 si el caso se alargue en el tiempo. En España, país que más demandas ha recibido mediante procesos de arbitraje intenacional, según el Banco Mundial, el debate nacional ha sido inexistente. Los grandes medios apenas han mencionado un asunto de enorme importancia en el que están involucradas grandes firmas jurídicas, que ejercen su influencia bajo la Federación Europea para la Inversión y el Arbitraje (EFILA por sus siglas en ingles). Un think tank creado por los abogados y árbitros internacionales más poderosos de Europa para proteger el sistema ISDS durante las negociaciones del TTIP.
Se estima que el 80% de los costes legales derivados del uso del ISDS acaba en el bolsillo de estos actores jurídicos, que llegan a ganar 3.000 dólares al día, como destapa el último informe acerca de este lobby, “Abogados subvierten el interés público”.
Hacer de la justicia internacional un proceso privado no sólo es un escándalo para la democracia, sino perjudicial para todos los Estados de la Unión Europea y sus contribuyentes, que tendrán que afrontar los costes por los juicios y las compensaciones a las empresas que reclamen perdidas porque los gobiernos electos se han interpuesto en su caminito a el beneficio. Más aún si cabe en España, que en este momento y desde 2011 tiene 15 casos abiertos en los tribunales de arbitraje internacional y que se podrían multiplicar de ser aprobado el TTIP.
Entregarle el poder judicial al sector privado parece no importar a los parlamentarios europeos, que están votando en favor de los intereses del lobby industrial.
Ekaitz Cancela en Twitter: @ecanrog